Telefónica logra ampliar los bloqueos dinámicos a la Champions, tenis, golf y más competiciones deportivas

Telefónica Audiovisual Digital, la división de la operadora encargada de la plataforma Movistar Plus+, ha conseguido una nueva resolución judicial que le permite aplicar bloqueos dinámicos en Internet contra la difusión ilegal de contenidos. Esta medida no solo afecta al fútbol, sino también a otros deportes y contenidos audiovisuales, ampliando el alcance de las restricciones en la red española.

El respaldo legal se basa en la Sentencia nº 310/2024 del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, que autoriza el bloqueo de direcciones IP, dominios y URLs utilizados para distribuir contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual sin autorización.

Una sentencia judicial permite bloquear IPs, dominios y URLs de forma dinámica

La resolución, emitida el 18 de diciembre de 2024, estima la demanda presentada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) y Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U. contra varias operadoras. Entre ellas se encuentran Telefónica de España, Vodafone, DIGI y MásOrange, que deberán colaborar en la ejecución de los bloqueos.

El fallo judicial establece el cese inmediato del acceso a las direcciones IP implicadas en la distribución ilegal de contenidos. Además, autoriza la implementación de medidas dinámicas que permitan actualizar periódicamente los listados de sitios infractores para impedir nuevas vulneraciones de los derechos audiovisuales.

La medida se extiende más allá del fútbol a otros deportes y contenidos

La sentencia reconoce que LaLiga posee los derechos de comercialización de las competiciones de Primera y Segunda División, mientras que Movistar Plus+ explota una amplia oferta de contenidos deportivos y de entretenimiento. Entre ellos se incluyen la Champions League, la Europa League, la NBA, la Fórmula 1, el MotoGP, torneos de tenis y competiciones de golf.

Esta autorización judicial permitirá aplicar bloqueos durante la emisión de eventos en directo, extendiendo su alcance a nuevas competiciones deportivas y contenidos audiovisuales, con el objetivo de combatir la piratería digital.

El protocolo ECH y el Private Relay de Apple complican los bloqueos tradicionales

Uno de los aspectos clave del procedimiento es la aparición de tecnologías que dificultan la lucha contra la piratería. Informes técnicos presentados en el proceso señalan que el protocolo Encrypted Client Hello (ECH), implementado por compañías como Google y Cloudflare, cifra el tráfico web e impide la inspección de dominios y URLs por parte de los proveedores de Internet.

Asimismo, herramientas como Private Relay de Apple, integrada en iCloud+, complican la aplicación de bloqueos tradicionales. Estas tecnologías obligan a adoptar medidas más avanzadas, como el bloqueo de direcciones IP y la monitorización dinámica de los servicios infractores.

Bloqueos dinámicos para combatir la piratería audiovisual en España

El fallo judicial autoriza la monitorización de las direcciones IP bloqueadas y la identificación de nuevas IP sucesoras. De este modo, se permite la actualización continua de los listados de sitios infractores durante la celebración de eventos deportivos, garantizando la eficacia de las medidas adoptadas.

Según la sentencia, estas acciones resultan proporcionadas y necesarias para proteger los derechos de propiedad intelectual. Además, el tribunal considera que constituyen un mecanismo rápido y eficaz para frenar la difusión ilegal de contenidos en Internet.

Un marco legal que marcará el futuro de los bloqueos en Internet en España

Esta resolución judicial se ha convertido en el fundamento legal de los bloqueos aplicados en España contra la piratería audiovisual. La sentencia permite a los titulares de derechos actuar directamente contra los proveedores de acceso a Internet, sin necesidad de identificar previamente a los infractores.

Con este respaldo jurídico, los bloqueos dinámicos se consolidan como una herramienta clave en la lucha contra la distribución ilegal de contenidos, aunque continúan generando debate por sus posibles efectos colaterales sobre servicios legítimos y la neutralidad de la red.

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